Miercoles 22 de Noviembre de 2017. República Argentina.

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Legislativas

Las seis claves de la reforma judicial que propone el gobierno

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En el anuncio de la Presidenta sobre la democratización del Poder
Judicial se destacan la elección por voto de los integrantes del Consejo
de la Magistratura, la creación de tres nuevas cámaras de Casación y la
limitación del plazo de las medidas cautelares. Mañana comienza el
tratamiento en Senadores.

La presidenta Cristina Kirchner presentó ayer un paquete de proyectos de ley que tienen como objetivo democratizar el Poder Judicial. Esas iniciativas consisten en seis puntos centrales:

Reforma del Consejo de la Magistratura: se ampliará de 13 a 19 integrantes. Habrá cinco nuevos miembros académicos y científicos "interdisciplinarios", que podrán provenir de otras profesiones no ligadas al Derecho. La elección de los representantes de los jueces y de los abogados será por voto popular, pero se respetarán los mandatos de los actuales consejeros, que vencen en diciembre de 2014. Los nuevos postulantes serán elegidos en las Primarias que se celebrarán el próximo 11 de agosto y deberán estar identificados con alguno de los partidos políticos que se presentarán. La idea es que los nuevos miembros se incorporen en diciembre.

Además, desde el gobierno esperan que se de un debate en torno a la interpretación de los artículos 38 y 114 de la Constitución. El primero indica que el acceso a la función pública (como el caso del Consejo, un órgano extrapoder) debe ser a través de los partidos políticos; y el segundo, en cambio, señala que son los propios estamentos los que deben elegir a los representantes de jueces y abogados. El gobierno apunta así a dar mayor participación al Consejo, cuyas votaciones pasarán a ser por mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros, en lugar de los dos tercios que se necesitan actualmente.

Nuevas Cámaras de Casación: se crearán tres cámaras adicionales en los fueros Contencioso Administrativo; Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y Federal y Nacional en lo Civil y Comercial. Serán una tercera instancia en fueros donde no existía (sólo había en el Penal) y lo que se busca es achicar la cantidad de causas que llegan a la Corte Suprema, algo por lo que el máximo tribunal siempre protestó. Además, unificará la jurisprudencia a nivel nacional.

Cautelares más cortas: la propuesta es que estas medidas tengan un plazo máximo de seis meses, que será el tope para la resolución de la cuestión de fondo. De esta manera, apunta que las causas se resuelvan con mayor rapidez. Será obligatorio, además, que se le corra vista al Estado como parte del litigio -algo que hasta hoy no sucedía- y, eventualmente, ante la apelación del Ejecutivo, la medida será concedida con efecto suspensivo, lo que hará caer automáticamente la cautelar. Sin embargo, no podrá ejercerse contra las personas, la salud o la seguridad alimentaria.

Esto abre la puerta al gobierno para la elaboración, en el futuro, de un Códico Contencioso Administrativo, que evitaría que las causas que involucran al Estado caigan en el fuero Civil y Comercial.

Concursos de jueces: el proyecto crea los denominados "concursos previos", por materia y por nivel, para la ocupación inmediata de las vacantes que se generen en los juzgados. Los postulantes ya no podrán elegir su juzgado de destino  y tendrán prioridad las cualidades técnicas. Los jurados estarán integrados por docentes de universidades públicas concursados, que no podrán ser miembros o empleados del Consejo de la Magistratura. Será obligatorio presentar una terna por cada cargo a cubrir, y no podrán participar quienes se hayan desempeñado durante la última dictadura militar.

Además, el ingreso de empleados también será por examen, para evitar favoritismos, y en caso de que los postulantes excedan los cargos a cubrir se realizará un concurso público por sorteo de la Lotería Nacional.

Publicidad de los actos del Poder Judicial: el Consejo de la Magistratura deberá crear un portal web en el que se carguen los registros de todas las causas que se tramiten, con su ingreso, responsables y demás incidencias. Están incluídas las resoluciónes de Cámara y las acordadas de cortes provinciales.

Declaraciones juradas: las declaraciones de bienes de los funcionarios de los tres poderes (no solo jueces sino también funcionarios del Poder Judicial y quienes aspiren a ingresar en él) presentadas ante la AFIP, según indica el proyecto,  deberán ser públicas y accesibles vía internet.

fuente:INFOnews

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